El plebiscito en Chile: la ruptura final con la dictadura permite una revolución política y social

El pueblo chileno aprobó al 78% la redacción de una nueva constitución durante el plebiscito de este domingo 25 de octubre 2020. El referéndum también tenía como objetivo determinar la forma de la asamblea cargada de la redacción de la constitución. La Asamblea constituyente fue elegida al 79%. Más de 50% de los chilenos en edad de votar participaron, así que fue la participación más importante desde 2012. Justo después de los primeros resultados, cientos de miles manifestantes llenaron las calles de la capital Santiago de Chile y las mayores ciudades del país. El plebiscito abre una nueva era y acaba la ruptura con la antigua constitución redactada durante la dictadura del General Augusto Pinochet.

La asamblea constituyente se compone de ciudadanos elegidos y sin congresistas. Será representativa de la sociedad, paritaria y deberá incluir a pueblos indígenas. La Asamblea mixta estará compuesta por mitad de ciudadanos elegidos con los mismos criterios que por la asamblea constituyente y por mitad de congresistas. Entonces los criterios de representatividad o de paridad no estarán garantizados. La Comisión tendrá un año para redactar una nueva constitución que será sometida a un nuevo plebiscito. 

Los que rechazan al cambio de constitución se componen de la Derecha conservadora y de la extrema derecha, actualmente en el poder, herida de la ideología del dictador Augusto Pinochet que dirigió el país de 1973 hasta 1990. Enfocaron al debate sobre la desacreditación de la movilización, mostrando las destrucciones que provocaron las protestas casi diarias del pueblo chileno a contra del gobierno desde octubre 2019. Los defensores del apruebo a la nueva constitución se componen por la mayoría de los partidos de oposición de izquierda como el Partido Socialista Chileno y sobre todo de los manifestantes que se movilizaron desde el año pasado – a pesar de la intensa represión dirigida por el Estado.

Inicialmente programado en abril, el plebiscito ha debido estar pospuesto por culpa de la situación sanitaria en relación con el Covid-19. Hoy en día, alrededor de 13.000 chilenos fallecieron por culpa del virus. Las consecuencias fueron particularmente fuertes sobre la economía, a pesar de que el país había organizado un confinamiento nacional corto en comparación con otros países de la región. Dificultades para provisionarse lograron a revueltas del hambre durante la crisis del Covid. Y la voluntad de cambiar la constitución viene del antiguo régimen de Augusto Pinochet. 

La dictadura de Pinochet, un trauma profundo

El Golpe de Estado de 1973 fue un evento mayor en la historia política contemporánea de Chile. Representa el fin del sueño que trajo Salvador Allende y el principio de una de las épocas más oscuras de la historia de latino-américa.

El 11 de septiembre de 1973, después de tres años en el poder, el Presidente socialista democráticamente elegido Salvador Allende, fue traicionado por las fuerzas armadas. El palacio de la Moneda fue bombardeado y tanques del ejército fueron enviados para controlar las calles. Al final del día, aunque el Presidente Allende y sus últimos hombres de confianza se defendieron con armada, el Palacio de la Moneda fue ganado por el ejército. El Presidente, rodeado por los traidores, se suicidio. A pesar de una última resistencia, la democracia chilena se acababa.

A la izquierda, el Presidente Allende está acompañado por sus guardias de seguridad, trae un casco y un fusil Kalashnikov. Foto tomada por Luis Orlando Lagos.
Augusto Pinochet, quien dirigió la dictadura chilena entre 1973 y 1990.

El general Augusto Pinochet, comandante en jefe de las fuerzas armadas, se desmarca del resto de los conspiradores. Hombre de confianza del Presidente, tomó el mando del golpe de Estado con el apoyo militar de la CIA en la capital para ganar el Palacio presidencial. Después de haber eliminado al Presidente Allende, el General formó una junta militar, compuesta de jefes de los tres órdenes militares (aire, mar, tierra) para gobernar al país.

Lo primero que hizo el gobierno fue eliminar a toda oposición. Los campos de concentración fueron creados. El más conocido es el del Stadium de Santiago de Chile, abierto poco tiempo después del golpe. Durante los primeros días, 7000 oponentes políticos fueron encarcelados con sus familias. Por lo menos 300 personas murieron de frío o de hambre. Se tienen que añadir la privación de propiedades personales, perquisiciones y el miedo de ser secuestrado por la policía y sufrir de la violencia de la DINA, sobre todo para las mujeres. El gobierno Chileno reconoce que la dictadura causó la muerte de 3.227 personas, 36.000 victimas de tortura, de violación y entre quinientos mil y un millón forzados al exilio hasta la restauración de la democracia.

En 1980, el gobierno de Pinochet aprobó una nueva constitución redactada por la junta militar, constitución que hoy sigue en vigor. Aquel desarrollo el Estado neoliberal en donde los derechos sociales son mínimos. Después de la derrota de un movimiento de insurrección gracias al apoyo de los EE.UU, el gobierno de Pinochet adoptó medidas propuestas por los “Chicago Boys”, economistas chilenas ultra-liberales inspirados por la escuela de Chicago de Friedman o Harberger. Aquella también inspiró a la política económica de Reagan, Presidente de los EE.UU y de Thatcher, Primer Ministro de Inglaterra.    

Una falta de libertad : el resultado de un liberalismo exacerbado

            El gobierno dictatorial inició reformas para liberalizar a la economía y reducir el intervencionismo estatal. Así que la inversión publica disminuyó de manera muy fuerte. Prácticamente todas las empresas públicas fueron privatizadas, al mismo tiempo que los bancos, la industria minera, las telecomunicaciones, la distribución de agua, la educación, la salud y el sistema jubilación. Los resultados económicos fueron catastróficos: un híper inflación que subió hasta el 300%, un paro de 30% después de la crisis de 1982. Salvo en clases dirigentes, la precariedad se encontraba por todas partes en el país. 

En cambio, la desregulación del mercado de trabajo desarrollo el poder de atracción del país y el PBI aumentó mucho. Los ingresos doblaron, pero las disparidades eran fuertes. A los años 1980 se le llama la época de oro de Chile. Aun así, esas reformas sólo fueron posibles por la ausencia de la oposición y de las libertades sindicales como la interdicción de manifestar o de hacer huelga, pero, sobre todo, por la represión intensa del régimen. 

La constitución había previsto un plebiscito en 1988 para prolongar al General Pinochet y su junta. El gobierno estaba seguro de ganar. Pero el rechazo de la violencia, y sobre todo, la voluntad de los chilenos de obtener un Estado libre y democrático triunfaron. Así que el General Pinochet renunció en 1990. Los Gobiernos democráticos tomaron el mando. Pero la constitución no cambió, porque había sido redactada para evitar la vuelta a un régimen democrático y para mantener el privilegio económico de las clases dominantes. Mucho no había cambiado y los chilenos están extenuados de vivir en una sociedad heredada de la dictadura, que no reconoce los crímenes contra la Humanidad del antiguo régimen. 

Manifestaciones masivas seguidas por una represión violenta

El año 2019 se marcó por movilizaciones en todos los continentes. En Líbano, Hong-Kong, Algeria, Estado Unidos, ocurrieron movimientos de amplitud histórica que impactaron a América Latina muy duramente. En Ecuador, Venezuela, Bolivia, la población se movilizó en contra de los gobiernos por razones generalmente parecidas: la corrupción y las dificultades al cumplir necesidades fundamentales. Chile, descrito como “un oasis en una América convulsionada” por su Presidente, Sebastián Piñera, a pesar de sus 3.9% de crecimiento económico en 2018, volvió a ser el epicentro de las contestaciones en el continente Americano.

El 6 de octubre de 2019, el gobierno anunció el aumento de 30 pesos del precio de los billetes de transportes públicos en la capital, Santiago de Chile. En respuesta, una iniciativa espontánea de los liceanos que empezó desde el 7 de octubre incitó a cometer fraude. Centenas de liceanos saltaron a los torniquetes del metro de la ciudad, lo que resultó en el arresto violento de docenas de ellos. La violencia del evento, largamente compartida en las redes sociales aumentó ampliamente la contestación. Estudiantes y diferentes partes de la sociedad se añadieron al movimiento. Ese movimiento se caracteriza por la ausencia de líderes identificados y no se reivindica de ningún partido político, a pesar de que la mayoría de los partidos de oposición lo sostiene. En pocos días la capital se inmovilizó por el paro nacional y la construcción de barricadas en las calles. El nombre de los manifestantes se multiplicó. Rápidamente, escenas de violencia lograron a la destrucción de equipamientos públicos como buses y estaciones del metropolitano y a una intensa represión por parte del gobierno.

Imagen de represión policial en Santiago de Chile. 21/10/2019. Crédito foto: Ivan Alvarado.

El 19 de octubre, el Presidente ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las calles, además de un toque de queda en Santiago y en la mayoría de las capitales regionales frente a la extensión de la movilización a todo el país. Duró 11 días. En respuesta las fuerzas gubernamentales fueron particularmente violentas. Amnistía Internacional denunció múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Las diferentes cifras describen entre 32 a 38 muertos. Del 19 de octubre hasta el 22 de noviembre, Human Rights Watch identifico 11 000 heridos, incluyendo 3400 hospitalizados, 435 lesiones oculares, 15000 detenidos y 442 acusaciones de tratamiento inhumano, tortura y violación. Muchas perquisiciones arbitrarias ocurrieron además del uso desproporcionado de armas letales y no letales como balas de perdigón o canon lanza agua conteniendo químicos. El Presidente Sebastián Pinera justificó el uso de la fuerza por el hecho que Chile estaba “en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.

A pesar de la violencia estatal y del abandono del aumento de precios de los transportes públicos, las protestas no pararon. El 25 de octubre, ocurrió la protesta más grande de la historia de Chile con más de 1.2 millón de manifestantes solo en Santiago de Chile. En efecto, a la contestación inicial se agregaron varias luchas, como la lucha feminista o la de los Mapuches, pueblo nativo viviendo en el sur del país, víctima de discriminaciones y que no son reconocidos por el Estado. Hoy en día, los manifestantes denuncian las violencias policiales, la corrupción y el costo muy alto de la vida, similar al de España mientras que el salario mínimo es equivalente a 320 euros por mes. Entonces, la contestación se ha extendido en una crítica general de los vicios del sistema chileno.

Cambiar la constitución para cambiar el sistema de desigualdad

Así que el plebiscito es una ocasión que los manifestantes tomaron para mostrar su voluntad de cambio. La principal reivindicación de los manifestantes es: abandonar la privatización de los servicios públicos fundamentales para asegurar a los servicios de salud; e implementar a una educación pública de calidad y accesible a todos garantizada por el Estado. Mejor dicho, se pide el abandono del sistema ultra liberal construido por el dictador A. Pinochet. Pero eso no se puede hacer sin una nueva constitución. De hecho, ella asegura la predominancia del neoliberalismo en la sociedad. 

Pasar página de la constitución heredada de la dictadura permitiría lograr reformas económicas, como una mejor repartición de las ganancias del crecimiento económico, fuerte, por lo tanto. Sin embargo, 26% de las riquezas nacionales son acaparadas por los 1% los más ricos, lo que hace de Chile el tercer país con más desigualdad del mundo. Un aumento importante de los salarios y pensiones de jubilación dignas figuran en el centro de las preocupaciones de los manifestantes. A los derechos económicos se agregan la garantía y la creación de nuevos derechos sociales, como el reconocimiento de los Mapuches como nacionalidad que forma parte integrante de Chile. 

La voluntad de redacción de una nueva constitución, escrita por la mayoría y no las élites, representa una oportunidad de cambio histórico y nunca visto desde la caída de Salvador Allende. Permitiría al país acabar con un sistema desigual heredado de la dictadura, todavía sinónimo de trauma para Chile y los chilenos.

Damien PICOT & Alexandre CHÂTEL

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